Un informe citado por El Cronista reveló que la adopción de inteligencia artificial en las áreas legales corporativas pasó del 11% al 75% en apenas tres años. El fenómeno ya impacta en estudios jurídicos, empresas y organismos públicos.
La inteligencia artificial dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta cada vez más presente dentro del mundo jurídico argentino. Lo que hasta hace pocos años era observado con cautela por abogados y departamentos legales hoy forma parte de la realidad cotidiana de numerosas organizaciones que buscan optimizar procesos, reducir tiempos de trabajo y mejorar la gestión de grandes volúmenes de información.
Según el Reporte sobre los Departamentos Legales de Argentina 2025, elaborado por el estudio Marval O’Farrell Mairal y difundido recientemente por El Cronista, la adopción de herramientas de inteligencia artificial en las áreas legales de las empresas pasó del 11% al 75% en apenas tres años. El relevamiento, realizado sobre responsables de departamentos jurídicos de importantes compañías que operan en el país, refleja una transformación que avanza a una velocidad difícil de encontrar en otros momentos de la historia de la profesión.
La magnitud del cambio resulta particularmente significativa si se tiene en cuenta que el ejercicio del derecho ha sido tradicionalmente una de las actividades más conservadoras frente a los avances tecnológicos. Durante décadas, la digitalización avanzó de manera gradual a través de la informatización de expedientes, bases de datos jurídicas y sistemas de gestión documental. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa produjo un salto cualitativo que modificó el ritmo de adopción tecnológica en todo el sector.
Las aplicaciones más frecuentes se vinculan con tareas que históricamente consumían una enorme cantidad de horas profesionales. La revisión de contratos, la búsqueda de antecedentes jurisprudenciales, el análisis de documentación extensa y la elaboración de borradores preliminares aparecen entre los principales usos reportados por los departamentos legales. Herramientas como ChatGPT, Microsoft Copilot y Gemini comenzaron a integrarse a los procesos de trabajo como sistemas de asistencia capaces de acelerar tareas repetitivas y liberar tiempo para actividades de mayor valor estratégico.
Lejos de plantear un escenario de reemplazo de profesionales, la tendencia observada apunta a una redefinición de funciones. La tecnología asume parte de las tareas mecánicas y de procesamiento de información, mientras que las decisiones jurídicas, la estrategia procesal, la negociación y el criterio profesional continúan dependiendo de la intervención humana.
El crecimiento de la demanda también impulsó el desarrollo de soluciones específicamente diseñadas para el sector legal. Según informó El Cronista, distintas empresas tecnológicas comenzaron a presentar en Argentina herramientas orientadas a la actividad jurídica y judicial, capaces de integrarse con sistemas de gestión documental, expedientes electrónicos y bases de datos normativas. El fenómeno evidencia que la inteligencia artificial dejó de ser un producto genérico para convertirse en un mercado con soluciones cada vez más especializadas.
La transformación tampoco se limita al ámbito privado. Diversas jurisdicciones del país comenzaron a explorar proyectos vinculados con la utilización de inteligencia artificial en la administración de justicia. Aunque la mayoría de las iniciativas se encuentra en etapas preliminares, existe un interés creciente por evaluar aplicaciones que permitan agilizar procesos administrativos, mejorar la gestión de expedientes y optimizar determinadas tareas de análisis documental.
Como ocurre con toda innovación tecnológica, el crecimiento de la inteligencia artificial también plantea desafíos. La protección de información confidencial, la seguridad de los datos, la transparencia de los algoritmos y la necesidad de supervisión humana aparecen entre las principales preocupaciones de abogados, empresas y organismos públicos. A ello se suma la necesidad de evitar errores derivados de respuestas inexactas o información incorrecta generada por sistemas automatizados.
Por esa razón, la mayoría de los especialistas coincide en que la incorporación de inteligencia artificial debe ser acompañada por protocolos adecuados de control y validación. La tecnología puede asistir, acelerar y complementar el trabajo profesional, pero la responsabilidad final continúa recayendo sobre quienes toman decisiones y suscriben documentos jurídicos.
Más allá de los debates que aún permanecen abiertos, las cifras reflejan una tendencia difícil de ignorar. En apenas tres años, la inteligencia artificial pasó de ocupar un lugar marginal dentro de los departamentos legales a convertirse en una herramienta utilizada por la amplia mayoría de las organizaciones relevadas. La discusión ya no parece centrarse en si estas tecnologías formarán parte del ejercicio profesional del derecho, sino en determinar cuál será su alcance y de qué manera modificarán la práctica jurídica durante los próximos años.